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Hace más de un año que el Gobierno aprobó una ayuda económica dirigida a todas aquellas personas que no llegan a unos umbrales mínimos de renta, el conocido como "Ingreso Mínimo Vital" (IMV). Una medida que el Ejecutivo calificó como "histórica" y a la que, según los últimos datos disponibles, ya habrían accedido 260.000 familias, a pesar del retraso en la tramitación de las peticiones de acceso a la prestación, y del alto número de solicitudes rechazadas.
Aunque no hay cifras desagregadas que permitan conocer qué porcentaje de los beneficiarios de esta prestación son autónomos, no hay ninguna condición recogida en el Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, que deje fuera al colectivo de esta prestación -sí a los administradores de una sociedad mercantil-. Esto significa que los trabajadores por cuenta propia que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y que cumplan los requisitos establecidos para acceder a la prestación, podrán cobrarla como cualquier otro beneficiario.
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